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Reacciones frente a la destitución de Dilma Roussef

Michel Temer y el nuevo rumbo de Brasil

8 de septiembre de 2016

Un golpe contra la democracia, no contra el Estado

Por Jorge Jaef

Mucho se ha debatido en cuando a la existencia o no de un golpe de Estado en Brasil. La aparición en años recientes de ideas como la de “golpe blando” o “neogolpe”, sugiere la necesidad de pensar dónde se encuentra la línea que separa un quiebre de la institucionalidad constitucional de un proceso de destitución dentro del marco democrático.

El artículo 86 de la Constitución de Brasil establece los delitos “de responsabilidad” de que se podrá acusar a los presidentes. Dicha figura remite a la realización de actos, por parte del Ejecutivo, que atenten contra instituciones cuya vigencia se estima fundamental para el correcto funcionamiento del gobierno nacional. El inciso 6 de tal artículo, señala la ley presupuestaria bajo aquellas consideraciones.

Contrario a lo que han manifestado diversas fuentes del mundo académico y periodístico, la acusación contra Dilma Rousseff sí corresponde a una categoría por la cual la presidenta podría, existiendo una mayoría parlamentaria de dos tercios a favor, ser enjuiciada por el Senado Federal. Concretamente, la acusación que pende sobre la presidenta Rousseff, alude a la violación de normas fiscales -específicamente- con el objetivo de esconder el déficit del presupuesto. Podrá argumentarse que los Senadores que votaron la realización del juicio político son igualmente corruptos (muchos se hallan sospechados en causas vinculadas a sobornos, a la trama de corrupción detrás de Petrobras y el ocultamiento de cuentas bancarias en el extranjero), y esto es correcto. Pero en la medida en que el la acusación contra Dilma, constituya un delito de responsabilidad según la Constitución, la acusación es legal. A esto se suma que el proceso de juicio político respetó los plazos procesales, incluyendo la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y por la de Senadores, y la efectiva realización del juicio, a la vez que todo parece indicar que se le conferirá a Rousseff el derecho de apelar el fallo, dentro de un mes aproximadamente.

La aparición en años recientes de ideas como la de “golpe blando” o “neogolpe”, sugiere la necesidad de pensar dónde se encuentra la línea que separa un quiebre de la institucionalidad constitucional de un proceso de destitución dentro del marco democrático.

Todo esto muestra que no ha existido en Brasil una ruptura del orden constitucional. Un “golpe”, sea blando o no, conlleva la existencia de la violación de la norma suprema de la nación de que se trate. Eso no ha existido.

Un tratamiento diferenciado merece, sin embargo, el debate sobre la legitimidad del proceso de juicio político llevado a cabo. La revisión de los acontecimientos devela una instancia teñida de intereses y operaciones políticas que, a su vez, hacen que Michel Temer parezca más el “jefe de los conspiradores” (como lo catalogó la presidente Rousseff), que un mero observador de los acontecimientos. Temer, con 75 años y una intención de voto del 2%, es un político del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el partido con mayor representación en la política brasileña pero que, sin embargo, no presenta un candidato propio para una elección presidencial desde el año 1994. El PMDB se retiró de la coalición de gobierno que conduce el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Dilma a fines de marzo, a pesar de lo cual Temer conservó el cargo de vicepresidente. Semejante escenario, genera la impresión de que se trató de una operación política desde el PMDB para poder conseguir una presidencia que, por vía electoral, le resultaría imposible.

La mandataria destituida Dilma Rousseff en rueda de prensa

Asimismo, la gran representación legislativa del PMDB aparece como un factor decisivo al momento de forjar entendimientos político. Rodrigo Maia, del partido de centro-derecha Demócratas, resultó elegido en julio como presidente de la cámara de Diputados. Maia ha aparecido recientemente como aliado de Temer, a pesar de lo extraña que resulta tal alianza en términos ideológicos. Es evidente que se está dando un reacomodamiento político impulsado por aquellos que estaban excluídos de los cargos de mayor relevancia.

Las particularidades del régimen político brasileño generan que este tipo de dinámicas políticas sean posibles. Se trata de un país en el cual la heterogeneidad social se enfrenta con una marcada homogeneidad legislativa; en el cual el fenómeno del transfuguismo -entendido como el abandono de partidos y alianzas de gobierno para sumarse a las filas de otros, en forma repentina- favorece la inestabilidad y da carta blanca a maniobras donde la coherencia ideológica está ausente.

La constitucionalidad brasileña no ha sido dañada en Brasil. Lo que sí ha sido dañado, es la democracia. El golpe ha sido contra la democracia, no contra el Estado. En la medida que el voto popular pueda ser obviado como vía de acceso al poder, la consolidación democrática y el mejoramiento del entramado político-institucional siguen siendo una cuenta pendiente tanto en Brasil, como en el resto de América Latina.

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