Todos los días nos desayunamos sobre las protestas en la calles de las ciudades de Venezuela y ataques terroristas, las acusaciones que los diferentes dirigentes de la oposición y comunicadores realizan al gobierno de Nicolás Maduro en el marco de un continuo bombardeo mediático. Podemos vislumbrar que el “estilo Maidán”[1] que estamos presenciando en Caracas, Chacao y otras muchas ciudades venezolanas, indica que el manual para la guerra hibrida[2] que hemos visto en las protestas de la Primavera Árabe y más recientemente en Ucrania, se están desplegando en el país sudamericano.

Es menester destacar que no es el primer intento de golpe suave que vive Venezuela, sino que tras 18 años de la denominada “revolución bolivariana”, este país conoce a la perfección una modalidad muy peculiar de protestas callejeras: se trata de las guarimbas[3], un tipo específico de movilizaciones que, con el paso del tiempo, han ido adquiriendo los rasgos característicos de las llamadas “revoluciones de color”.

Desde que la mayoría opositora ganó las elecciones legislativas en 2015, se propuso derrocar al presidente a través de un juicio político acabando con el poder ejecutivo en 6 meses, así como destituir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. De esta manera, atacaron al poder electoral y exigieron pronunciamientos de los titulares del poder moral, como si se tratara de un régimen parlamentario y el legislativo fuera un suprapoder.

A los hechos precedentemente expuestos se les agregan errores históricos que deben analizar y ponderar los chavistas, los cuales significaron el desplazamiento de la mayoría de los puestos en la Asamblea Nacional por la oposición. En su momento de mayor apoyo, en muchos años, éstos aprovechan para atacar y descalificar. Es así que en este escenario, surge la petición del revocatorio, la divulgación morbosa del hambre a que se tiene sometido a los venezolanos y la contradicción de diálogo por un lado; y negación, por el otro.

En los pasados días en Venezuela se produjo un claro intento de golpe de estado que no tuvo la repercusión mediática en función a la clara gravedad que reviste el asunto. Para aquellos que los desconocen: el oficial de policía Oscar Pérez y varios cómplices capturaron un helicóptero en una de las bases del ejército en la capital del país, la ciudad de Caracas, y atacaron desde el aire los edificios de la Corte Suprema del país y del Ministerio del Interior. Se utilizaron armas pequeñas y granadas de Colombia. Los insurgentes publicaron un video mensaje en el que instaron al presidente Nicolás Maduro a dimitir. Esta acción que en cualquier otro país sería unánimemente condenada como un intolerable acto golpista, considerando a los agresores como terroristas, lejos de ello, los medios más poderosos han preferido calificar a los atacantes como “policías rebeldes”, otorgando a éstos un aura cargada de heroico romanticismo. A este hecho se le agrega el ataque del miércoles 5 de julio donde un grupo de personas irrumpió en la sede de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas. Entre los heridos hay varios diputados de la oposición y periodistas. Según videos divulgados en redes sociales, hubo detonaciones de fuegos artificiales en el lugar. El suceso ocurrió en el contexto de los actos conmemorativos de los 206 años de la firma del Acta de Independencia de Venezuela.

Es preciso destacar que solo en los meses de abril, mayo y junio de 2017, más de 100 personas fueron asesinadas a consecuencia de la violencia política: policías y militares, civiles que nada tenían que ver con las protestas, manifestantes opositores y un considerable número de simpatizantes del chavismo, en algunos casos víctimas de linchamientos, disparos o quemados vivos en detestables crímenes de odio, eso sin contar a los miles de lesionados y las millonarias pérdidas en daños a la infraestructura pública y comercios. La estrategia opositora ha incluido la quema de unidades de transporte, ataques a las estaciones del metro, incendio de edificios gubernamentales, incendio de locales del Partido Socialista Unido de Venezuela, sabotaje eléctrico, secuestro e incendio de camiones y galpones de alimentos, colocación de guayas (cables tensados de un extremo al otro de las calles, utilizado para decapitar motorizados), paramilitarismo y sicariato, entre muchas otras acciones que pueden calificarse como terroristas. Como telón de fondo, se ha intensificado la guerra económica, disparándose los precios y el valor del dólar paralelo. En poco más de tres meses, la estrategia opositora ha caotizado la vida cotidiana de la población en diferentes zonas del país, al tiempo que clama por una intervención extranjera a través de las vocerías en la OEA, del gobierno de Donald Trump y de los gobiernos Europeos. Todo lo anterior acompañado de un cada vez más evidente bloqueo financiero internacional. Es, a todas luces, un complejo plan desestabilizador.

Según la investigación del periodista Marco Teruggi, la ofensiva tiene tres planos: el estratégico que lo decide el Departamento de Estado; el operativo, que está a cargo del Comando Sur; y el táctico en manos de la oposición. El periodista precisó que “existe un bloque compuesto por los principales partidos políticos de la oposición, particularmente Voluntad Popular y Primero Justicia, los grandes empresarios y algunos funcionarios como la fiscal general Luisa Ortega, que operan como avanzada institucional y funciona como la voz que les da legitimidad desde un poder público para sus acciones violentas”.

Enfatizó en que “lo que se busca es no sólo acusar al gobierno de toda la violencia que se vive, sino que el nuevo plan es intentar conformar nuevos poderes públicos, y llevar a un escenario de un doble gobierno, una doble institucionalidad”, remarcó. [4]

Con relación a lo señalado por Teruggi, el militar retirado William Izarra, uno de los precursores de la revolución bolivariana indico que “El Comando Sur (de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos) no ha podido todavía concretar en los tiempos que tiene previsto el plan para tomar Venezuela, porque la respuesta por parte del Gobierno, del pueblo y las Fuerzas Armadas ha impedido que eso se concrete”.[5] Ese plan, según Izarra, se intenta materializar a través del terrorismo, la desestabilización y la guerra no convencional. Agrega que “Han puesto en macha una guerra no convencional, mediática y económica, siguen en las calles intentando generar caos y muertes y ahora van a continuar instrumentando medidas fuera del marco constitucional para crear un Gobierno paralelo”, insistió Izarra, comparando la situación con lo ocurrido en Siria y en Ucrania

A todas luces se observa que el pasado plebiscito convocado por la oposición fue rechazar e impedir la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, desconocer al gobierno de Maduro, pedir una insurrección militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disolver el Estado.

Este intento desesperado de la oposición se muestra por el desgaste de sostener durante 3 meses protestas y otras acciones similares. Se evidencia también en la caída de la masividad de las manifestaciones, por lo que se dejó de convocar a marchas y se anunció un cambio de estrategia, una “escalada”, una “fase superior de lucha”.

 *Abogado, integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, Políticas y Jurídicas “Renato Treves”, colaborador del CEIEP.

[1] Euromaidán, es el nombre dado a una serie de manifestaciones y disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista en Ucrania que en su clímax derrocaron al presidente electo Víktor Yanukóvich del prorruso Partido de las Regiones. Estas comenzaron en Kiev la noche del 21 de noviembre de 2013. El día anterior, el 20 de noviembre, el Gobierno de Ucrania había suspendido la firma del Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (UE).

[2] BESSON, Juan Facundo, “La guerra hibrida: el teatro del poder globalista”, CEIEP, 2017.

[3] Según el abogado, periodista y dirigente político venezolano José Vicente Rangel es una expresión ambigua, de uso popular, que permite a los que apelan a las más despreciables acciones políticas, como el irrespeto a la vida y la violación de los derechos ciudadanos, disfrazar su comportamiento y quitarle la carga de irracionalidad que tienen quienes son partícipes de esa práctica. Agrega que la guarimba -el vocablo no tiene significado preciso- aparece durante los años 2002-2003. Ver RANGEL, José Vicente, “Venezuela: guarimba no, terrorismo”, América Económica, 2017.

[4] LUZZANI, Telma, “Cómo es el plan de EEUU para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro”, Sputnik, 2017.

[5] Sputnik, “Gobierno, pueblo y FFAA contienen plan de EEUU para tomar Venezuela”.

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Por Nabih Yussef

Botella de ron en mano, un manifestante se agacha entre la multitud mientras otra persona a su lado vierte un líquido claro dentro del envase de vidrio. En la punta del pico, un pañuelo mojado sella toda la abertura de la botella. Se trata de un cóctel molotov listo para ser usado contra un camión hidrante antidisturbios de la Guardia Nacional Bolivariana, que busca descomprimir las barricadas en las calles de Caracas. El camión es repelido por las “guarimbas”, un término popular para identificar a las protestas organizadas con cierre de calles. La puerta del lado del conductor es abierta a modo de palanca por uno de los manifestantes, mientras la turba logra sacar de su interior al oficial al volante. El vehículo es incinerado por las bombas caseras, mientras el policía es ejecutado con su propia arma a sangre fría. El disparo tensa sus dos piernas y serena los brazos que cubrían su cara para repeler los golpes propinados por una docena de personas. Una mujer abre sus brazos de par en par para frenar a los manifestantes que huyen con el arma y un escudo antidisturbios.

Mientras tanto, en el centro comercial de la ciudad un funcionario escoltado por oficiales armados abre por la fuerza las persianas de metal de los comercios minoristas. La cámara de pequeños comerciantes se ha plegado al llamado de la oposición de cerrar sus comercios en señal de protesta contra el gobierno nacional. El cabo recibe la orden y falsea la cortina metálica abriendo la puerta del local. Adentro, dos mujeres son sorprendidas por las autoridades y son obligadas a abrir el local de indumentaria, por la fuerza. Los propietarios se quejan que la inflación los va a llevar a la ruina y de la imposibilidad de continuar aceptando la moneda de curso legal como medio de intercambio, el “bolívar fuerte”, que pese a su denominación cotiza a ¢0,05 de dólar por cada 100Bs. Lo que ha obligado a algunos locales a pesar el dinero en balanzas antes que contarlos uno por uno. “Estamos aquí en unión cívico-militar para la gran misión de abastecimiento soberano para hacer el seguimiento al normal desenvolvimiento de la economía”, justifica frente a las cámaras de televisión William Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

El clima político de Venezuela es abiertamente dicotómico. El país se encuentra dividido en dos mundos paralelos que construyen identidades a partir de la anulación del otro. Por un lado los “terroristas”, grupos “radicales fascistas” de la derecha, los partidos políticos que ganaron las elecciones parlamentarias; y por otro, el “pueblo unido” relatado por el gobierno revolucionario venezolano, acusados de “dictadores” por la oposición venezolana.

La división es tan sorda que ambos sectores han llamado a sus simpatizantes a las urnas en comicios separados. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha desarrollado un plebiscito sin respaldo del Consejo Nacional Electoral, consultando a la sociedad por el rechazo de la constituyente propulsada por el gobierno, el rol de las Fuerzas Armadas y el llamado a elecciones inmediatas. El resultado anunciado tuvo cifras astronómicas, el 98% de los 7 millones de votantes manifestó el rechazo a la reforma constitucional de Maduro.

Por su parte, el gobierno anunció para el próximo 30 de julio el llamado a elecciones por una nueva convención constituyente para reemplazar paradójicamente a la constitución de 1999 impulsada por el exmandatario Hugo Chávez.

En la elección se espera que no participe la oposición venezolana que ha rechazado la modalidad corporativa de la elección.  La constituyente no reconoce a los partidos políticos democráticos como representantes institucionales de la sociedad sino a aspirantes atomizados de los territorios y de sectores sociales segmentados: obreros, discapacitados, indígenas, etc. sin quedar claro cómo se dividirán los electores por cada capa social. Se espera que el resultado final tenga similares cifras irrisorias como las anunciadas por el plebiscito de la MUD, lo que a las claras, distorsiona el sentido de las elecciones representativas donde adversarios deben competir bajo un mismo sistema electoral por los votos de la mayoría.

 Venezuela en cifras

La división política de Venezuela inmoviliza la estructura del Estado y agudiza la situación económica. El producto bruto interno (PBI) del país ha descendido 10 puntos porcentuales en lo que va del año, afectando las reservas del tesoro que cayeron a 9.000 millones de dólares, en su nivel más bajo desde 1997. El mercado interno tampoco reacciona, con 18% de desocupados y una inflación galopante de 720% anual. Esto hace inviable el comercio minorista, lo que se ve reflejado en el desabastecimiento de mercados de alimentos donde la lucha por la leche o el papel higiénico se convierte en una lucha por los derechos civiles.

La balanza comercial tampoco reacciona. El barril de petróleo continúa dentro de los us$45 dólares amesetado por las reservas de crudo de los Estados Unidos y la desaceleración de China. Esto complica el futuro inmediato del país que explica casi un 90% de su economía por el monocultivo de crudo y su exportación.

En las finanzas, Venezuela profundiza la extranjerización de su economía. A pesar de la retórica nacionalista de Nicolás Maduro, la compra de bonos Goldman Sachs amenaza el diseño de la política financiera del gobierno. Se trata de una operación de bonos de la estatal petrolera PDVSA por 2.800 millones de dólares con un rendimiento del 38% promedio. El instrumento se convirtió en el bono estrella del actual mercado internacional de finanzas, desbancando del podio a las argentinas Lebac con 32% de retorno.

Desde el punto de vista humanitario, el conflicto político se acerca a los casi 100 muertos por disputas entre las facciones. La oposición se organiza con grupos de jóvenes para tomar sedes institucionales de los Estados subnacionales, al tiempo que organiza barricadas para evitar el transporte de pasajeros y mercancías. No obstante, el poder de fuego se encuentra desequilibrado. Las Fuerzas Armadas que responden al gobierno nacional han avanzado incluso en sectores institucionales donde tradicionalmente el control era ejercido por grupos civiles. La unidad militar a cargo de la seguridad de la Asamblea Nacional ha desconocido la autoridad de su presidente Julio Borges, diputado electo por la oposición. Lo que produjo el ingreso de manifestantes del oficialismo al interior del Capitolio Federal para frenar el inicio de comisiones de labor parlamentaria agrediendo al personal civil y a los congresistas, todo esto ante la mirada pasiva de las fuerzas del orden público. Fenómeno que amenaza el control civil sobre el aparato militar.

Reacciones internacionales

Las reacciones internacionales son heterogéneas. Por un lado, Estados Unidos ha manifestado que tomará medidas económicas “fuertes y rápidas” en voz del mandatario Donald Trump. La Casa Blanca analiza sanciones económicas y cortar el suministro de petróleo proveniente de PDVSA. La estatal venezolana exporta un tercio del crudo producido al gigante anglosajón, seguido de India y China con 17% y 16% respectivamente. Lo que produciría el ahogo de las exportaciones del país en un momento donde la dependencia del crudo es cada vez mayor.

Por otra parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha manifestado su apoyo a Maduro. El esquema de integración nacido del ingenio de Chávez sigue de cerca los acontecimientos en Caracas. Pese a ello, se muestra económicamente impotente para ofrecer a Maduro una alternativa al desabastecimiento alimentario y la crisis económica.

El Mercosur permanece estancado. La reciente cumbre del Mercosur no ha logrado consensos políticos para destrabar el conflicto. La Cumbre de Mendoza ha expedido una declaración oficial para manifestar “su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en Venezuela”, e invitó a ambas partes “al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas”, pero sin avanzar en sanciones.[1]

Al conocer el comunicado, Maduro tildó a Mauricio Macri (Argentina) y Juan Manuel Santos (Colombia) de “sanguijuelas” que aplican las políticas que les dicta el Departamento de Estado estadounidense. Venezuela aún permanece suspendida del organismo por incumplir acuerdos de derechos humanos para pertenecer a la organización regional.

Sin acciones conjuntas no hay solución al conflicto. Venezuela permanece inmersa en una crisis política que amenaza con desplazar a miles de venezolanos al exterior de sus fronteras, para emigrar a Colombia, Ecuador, Perú y el norte brasileño en busca de trabajo o paz social.

El próximo 30 de julio se espera una jornada electoral dividida donde quizás los únicos que concurran a las urnas sean los simpatizantes del oficialismo. Proceso de similares características al esbozado por al MUD en el plebiscito contra la constituyente.

Oposición y oficialismo hacen oídos sordos ante las convocatorias electorales de uno y otro bando. Mientras la comunidad internacional asiste por televisión al espectáculo de su fracaso.

[1] Declaración oficial sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, Mercosur, Mendoza, 21 de julio, 2017.

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En el programa “De esto sí se habla”, se llevó a cabo una mesa de especialistas en política internacional para analizar lo que sucede en Venezuela y Brasil. Los analistas participantes fueron el Profesor Gastón Mutti, la Lic. Alfonsina Gómez y el investigador del CEIEP, Nabih Yussef. Mirá el programa completo aquí.