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Colombia: sorpresas, paradojas y lecciones

Genocidio armenio y terrorismo internacional, en la mirada de...

15 de octubre de 2016

Más de 500 años de sometimiento

Por Caren Camiscia

Hace 524 años que la cultura occidental se impuso en América y los años no han hecho más que profundizar la brecha que existe entre los derechos y las demandas.

Las últimas décadas han sido claves en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ya sea a nivel internacional como nacional, debido a que en algunas reformas constitucionales de América Latina se han incorporado dichos derechos.

Hoy es posible sostener que existen ciertos estándares internacionales en relación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, de hecho, “la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha contribuido a concretar los derechos territoriales reconocidos en el Convenio núm. 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e incluso en el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que sigue en proceso de debate en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA).” [1]

Esos estándares tienen que ver con entender al territorio con una mirada holística, amplia y más compleja, que involucra elementos materiales e inmateriales, donde existe una relación de interdependencia entre el pueblo y la tierra y donde se establecen vinculaciones de tipo culturales, espirituales y políticas.

Sin embargo, innumerables son aun las disputas territoriales que se desarrollan en todo el territorio de América Latina, conflictos que involucran a diferentes Estados nacionales y diversas comunidades.

Pero para comprenderlas no se puede prescindir de la mirada que los pueblos indígenas tienen sobre las reivindicaciones territoriales, en este sentido, el derecho al territorio involucra dos dimensiones, una es el espacio y la otra son los procesos. “El espacio se expresa en la demanda de uso, goce y manejo de los recursos naturales. Los procesos se expresan en el reclamo por el control de los procesos de orden político, económico, social y cultural con el fin de asegurar la reproducción y continuidad material y cultural del grupo, para que se lleven a cabo según la normativa propia de los pueblos indígenas.”[2]

Vale la pena mencionar algunos de ellos para tener presentes ciertos focos de conflicto que se están desarrollando.

Si el recorrido de los episodios de desalojos, maltratos y despojos sobre las pueblos indígenas lo hacemos desde sur hacia el norte del continente americano, encontraremos en la mayoría de países situaciones que comparten cierto entramado de condiciones que llevan a violentar a los pueblos.

Empecemos por Argentina. A mediados de este año comunidad del Lof Mapuche ubicada en el Departamento de Cushamen en Chubut, sufrió una dura represión de parte de las fuerzas de seguridad de la provincia. La excusa que se sostuvo para defender los disparos ejecutados por las fuerzas, fue el robo de ganado en “una de las estancias pertenecientes al consorcio Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de Luciano Benetton, actualmente uno de los mayores terratenientes en la zona, con cerca de un millón de hectáreas.”[3]

En Paraguay, estuvo prevista una movilización de organizaciones indígenas en Asunción, con el fin de protestar contra el desalojo sufrido el pasado 30 de septiembre en  la comunidad Sauce,  perteneciente a la Comunidad Indígena Ava Guarani ubicada en el distrito de Minga Porâ, en el departamento de Alto Paraná.

Esta comunidad en particular es una de las 36 que habían sido expulsadas de sus territorios al momento de la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú que comenzó a edificarse en la década del 70, por ende, la entidad posee una deuda histórica con los habitantes de esos territorios.

La comunidad  “al no ser haber sido indemnizados ni apoyados por la Itaipú decidieron regresar a su antiguo territorio donde se encuentra el cementerio, rastros de construcciones y plantaciones. Desde su retorno han sido perseguidos por Hut, quien según se sabe cultiva soja en el excedente fiscal donde se encuentran los indígenas. Hermann Hut sería consuegro del vicepresidente Juan Afara.”[4]

indigena

En Brasil el año pasado hubo 137 homicidios de miembros de pueblos indígenas, según la prensa, la zona más candente es Mato Grosso do Sul ya que allí “operan pistoleros supuestamente a órdenes de agricultores” y en 2015 asesinaron a 36 indígenas, la mayoría pertenecientes a la etnia Guaraní Kaiowá. Según datos emanados del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), afirman que dichos ataques se deben a disputas por “la tenencia de la tierra a los hacendados.”[5]

Según información también emanada del CIMI, dichos ataques traen aparejadas otras maneras de abatir a las comunidades, entre ellas, violaciones a las mujeres y tortura a los jefes, así como también han hecho que se incremente el número de suicidios.

Al norte de Sudamérica, en Ecuador, la comunidad indígena Nankits ubicada en Morona Santiago, fue desalojada en agosto del corriente año, tras el ingreso de la fuerza de pública, a fin de conceder dicho territorio a una empresa minera extranjera. Debido a esto la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) realizó una denuncia en la sede de la ONU que se encuentra en Quito.

En el mencionado territorio se sitúa el proyecto minero San Carlos-Panantza, cuya concesión pertenece desde el año 2002 por la empresa Explorcobres S.A. EXSA de origen chino.

Según sostuvo el abogado del movimiento indígena, Wilson Ordoñez, tanto a nivel internacional como en al Constitución de Ecuador del 2008, se reconocen los derechos indígenas que son afectados con este desalojo. Aquí se está haciendo referencia al derecho a la consulta previa para obtener el consentimiento libre, previo e informado sobre los usos del territorio y sus recursos naturales.

Nos alejamos un poco más hacia el norte pero no nos distanciamos de las problemáticas, porque en Guatemala las comunidades indígenas también atraviesan intensos conflictos relacionados con el derecho al territorio.Guatemala que después de Bolivia, es el segundo país americano con mayor cantidad de población indígena, y sin embargo, sus derechos son vulnerados constantemente. Esto se manifiesta en el caso del proyecto hidroeléctrico llamado Renace promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y llevado a cabo por el Grupo Cobra-ACS de origen español.

Tal como sostiene Iñaki Etxarri “como consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en torno a esta área fluvial.”[6]. Al igual que en el caso ecuatoriano, no ha existido una instancia de consulta previa. Desde algunas ONGs ambientalistas se sostiene que la única alternativa es que se suspendan las obras hasta que se lleve a cabo una severa evaluación de carácter amplio, involucrando el derecho a la participación, la información y el agua entre otros.

Estos son algunos ejemplos que se están suscitando en el territorio americano, pero son sólo algunos, la lista podría seguir, casos similares se suscitan día a día a lo largo y a lo ancho del continente: México, Costa Rica, Panamá, para nombrar algunos más, pero el sentido no es enumerar los casos sino dar cuenta de una problemática que está azotando a todas las comunidades que habitan estas tierras.

Estas demandas sin saldar colocan a los pueblos indígenas en una constante -y en aumento- situación de desigualdad y vulnerabilidad, que derivan en limitaciones para su desarrollo humano.

Reconocer el derecho al territorio indígena no es solamente una cuestión de titulación de la tierra, sino que se involucran cuestiones transformadoras de lo político, lo social y lo económico, que conducen a reconocer la identidad de las comunidades originarias de América Latina.

El achicar la brecha en el cumplimiento de estos derechos, es empezar a reconocer a estas comunidades como preexistentes, dueñas de las tierras y su condición de igualdad, cuestiones negadas durante más de cinco siglos de opresión y discriminación.

Bibliografía

[1] CEPAL, “Los pueblos indígenas en América Latina. Avances y retrocesos en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, noviembre del 2014. P. 118

[2] CEPAL, “Los pueblos indígenas en América Latina. Avances y retrocesos en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, noviembre del 2014. P. 122

[3] RT, “Los mapuches, contra Benetton: la lucha por una tierra ancestral”, 3 de junio del 2016, [en línea] https://actualidad.rt.com/actualidad/209172-mapuches-benetton-lucha-tierra-ancestral

[4] ULTIMAHORA.COM, “Indígenas marcharán contra desalojo en Minga Porã”, jueves 6 de octubre de 2016, [en línea] http://www.ultimahora.com/indigenas-marcharan-contra-desalojo-minga-pora-n1029568.html

[5] LA VANGUARDIA, “La violencia contra los indios se recrudece en Brasil”, 15 de septiembre del 2016, [en línea] http://www.lavanguardia.com/vida/20160915/41342457930/la-violencia-contra-los-indios-se-recrudece-en-brasil.html

[6] ETXARRI, Iñaki, LA INFORMACIÓN, “30.000 indígenas se rebelan contra una presa construida por ACS en Guatemala”, 13 de septiembre del 2016, [en línea] http://www.lainformacion.com/interes-humano/sociedad/ONGs-indigenas-Guatemala-construida-ACS_0_953305706.html

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