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18 de noviembre de 2018

Jair Bolsonaro y los peligros para Argentina

Por Nabih Yussef

Con los votos escrutados, Brasil ya tiene el nombre de su próximo presidente. Se trata del ex capitán militar Jair Bolsonaro (PSL) que venció al progresista Fernando Haddad (PT) por un margen de 10 puntos. En el ballotage, se confirmaron los resultados de muchas encuestadoras que daban a Bolsonaro como presidente de la república. De esta manera, el candidato del Partido Social Liberal lograba el 55% frente al porcentaje obtenido por el delfín del ex presidente Lula Da Silva, con 44% del total de sufragios. A pesar de la dicotomía electoral y la discusión subida de tono, al menos un tercio de la población brasileña habilitada para votar, no concurrió a las urnas.

Con un uso escaso de tiempo de televisión de solo 8 segundos, Bolsonaro utilizó las redes sociales al alcance de todos para llevar su mensaje proselitista. La falta de fondos electorales y de partido político, no fueron obstáculos suficientes para sacarlo del juego. Ni si quiera la herida de navaja sufrida durante la campaña impidió que Bolsonaro se convirtiera en el 38° presidente de la historia brasileña.

La llegada de un ex militar al Palacio do Planalto (casa del Ejecutivo), no es nueva en la política brasileña. Más allá de los gobiernos de facto, el gigante sudamericano eligió a los ex militares Hermes Rodrigues da Fonseca (1910-14) y Eurico Gaspar Dutra (1946-51) como presidentes constitucionales. Sin embargo, la llegada de Jair Bolsonaro sobresale frente a sus pares, por su estilo personal, sus polémicas declaraciones y su radicalidad política. De llevar a cabo el plan de gobierno anunciado durante la campaña, la región (y principalmente Argentina), deberán preparase para el regreso de las hipótesis de conflicto en la centralidad del diseño de sus políticas exteriores.

Los desafíos a la seguridad de Argentina no se presentan de manera tradicional, como las viejas hipótesis de conflicto de carácter militar, donde el territorio y los recursos naturales formaban parte troncal de la amenaza. Sino más bien, se presentan como desafíos difusos que posiblemente serán efectos colaterales de la política pública que Bolsonaro emprenda puertas adentro del país. Jurisdicción donde el gobierno argentino no podrá inmiscuirse por tratarse de cuestiones que hacen a la política interna brasileña. No obstante, no preparar y prevenir los efectos indirectos que surgirán de ellas, podría costarle a la Casa Rosada incontables dolores de cabeza. Con esto, no se busca magnificar los desafíos de seguridad ni requerir la agresión preventiva de nuestras instituciones. Sino por el contrario, preparar los esquemas de políticas públicas para lograr paliar las consecuencias negativas desde este lado de la frontera.

Los desafíos de seguridad para Argentina

Al término de los resultados electorales, el Observatorio del Clima, red que reúne más de 40 organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, emitió un comunicado donde destaca el “retroceso civilizatorio anunciado y reafirmado por Bolsonaro y sus asesores” en materia de políticas públicas ambientales. Anticipando que “(…) donde existiera una amenaza, seremos la resistencia”, concluye el documento. El presidente electo ha sostenido que eliminará el ministerio de Medio Ambiente del Estado y que sacará a Brasil del Acuerdo de París sobre reducción de emisiones de gases para frenar el calentamiento global, si no se cumpliera con absurdas modificaciones que demandase Brasilia. Principalmente, la eliminación de zonas declaradas reservas naturales e indígenas para dar lugar a la agricultura intensiva. Una política que podría causar la ruina de áreas de biodiversidad compleja como las que comparte Brasil con Argentina en la frontera nordeste. Una voracidad que, de ejecutarse en la proximidad de nuestras fronteras, tendría resultados irreversibles para nuestro ecosistema.

Al igual que el medio ambiente, la “mano dura” prometida por el presidente electo, podría cambiar la voracidad de nuestra violencia urbana. Bolsonaro ha hecho campaña anunciando que legalizará la portación civil de armas en Brasil. La experiencia de los Estados Unidos y las consecuencias negativas para México, han demostrado que el contrabando de armas ilegales no ha cesado de pasar por la frontera. Lo que ha provocado en los últimos años, un incremento del potencial destructivo de las organizaciones criminales mexicanas. En un país con controles débiles como es Brasil, una masificación del uso de armamento por parte de la población civil, constituirá un reservorio de guerra para las organizaciones delictivas que operan en Argentina. Prevenir estos riesgos, será una tarea espinosa para nuestros recursos de defensa y seguridad, que deberán convivir por un lado, con la compleja trama delictiva de la triple frontera; y por el otro, con el ajuste presupuestario del Estado nacional para cumplir las metas trazadas por el FMI.

Finalmente, la moralidad conservadora del dirigente brasileño, ha dado rienda suelta para que simpatizantes del presidente electo, ejerzan violencia sobre minorías raciales y sexuales en las principales metrópolis del país. Con un ejército de nuevos personajes públicos de ultraderecha en los Estados subnacionales, militantes de los derechos humanos integrarán el nuevo enemigo público de la violencia institucional del Estado. Lo que podrá provocar eventualmente en pedidos de asilo en Argentina o Uruguay, países donde la arquitectura institucional defiende la tolerancia entre la diversidad sexual y racial.

Bolsonaro no da señales de moderar su discurso y ha arremetido contra organizaciones que buscan resolver conflictos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, a la que ha tildado de “comunista”, al tiempo que amenazó a su Consejo de Seguridad con retirar la membresía de Brasil de la plataforma multilateral. De continuar en este camino, el nuevo presidente brasileño constituirá un desafío para la seguridad argentina. El gobierno nacional deberá velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales y regionales firmados por Brasil, a los efectos de mantener el apetito político del presidente ultraderechista al vilo del derecho internacional.

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