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12 de febrero de 2017

Buscan sancionar con prisión el negacionismo

Por Nabih Yussef

La iniciativa de la diputada Nilda Garré del FPV-Frente Grande establece penas de hasta dos años de cárcel para quienes nieguen o justifiquen en público cualquier crimen contra la humanidad; con agravantes si se trata de funcionarios públicos.

La diputada nacional busca incorporar al código penal, mediante un artículo, la sanción del negacionismo. “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de $10.000 a $200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad (…)”, consigna el proyecto presentado por la ex ministra de Defensa y Embajadora de las adminitraciones kirchneristas.

La pena se agrava si el responsable del ilícito penal es un funcionario público, con penas que van de uno a cuatro años. Para lo cual daría prisión efectiva. Los fondos recaudados serían destinados a los organismos de Derechos Humanos que vienen reclamando por las desafortunadas afirmaciones de los funcionarios  Juan José Gómez Centurión y Darío Lopérfido sobre la última dictadura cívico-militar.

La diputada nacional aparece con el proyecto, tras las declaraciones de José Gómez Centurión, que se desempeña como Director General de la Dirección Nacional de Aduanas y posee el triste antecedente de ser partícipe del levantamiento “cara pintadas” durante el verano del 88′.

El viejo militar sostuvo públicamente que “no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer” personas, al tiempo que relativizó el número de desaparecidos, afirmando que “no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras”. Sus declaraciones generaron el repudio de la oposición y los organismos de Derechos Humanos, que reclamaron al presidente, el desplazamiento del funcionario. Ante las críticas, el funcionario sólo se disculpó.

Similar antecedente ocurrió en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando los organismos de Derechos Humanos marcharon hasta el Ministerio de Cultura, reclamando la renuncia de Darío Loperfido, para quien el número de desaparecidos “se arregó en una mesa cerrada”. Ante el pedido personal de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, Rodriguez Larreta arregló la “renuncia cuidada” del funcionario, desplazando sus funciones al Teatro Colón, para posteriormente emigrar a Berlín.

El proyecto de la Cámara baja busca introducir un nuevo “tipo legal”, y crear la figura del “negacionista”, que tiene amplia trayectoria en tratados internacionales de Derechos Humanos, y se encuentra vigente en países como Alemania, Israel o Austria. Países donde la negación del holocausto nazi establece duras penas, y que se agrava cuando son propinadas por un funcionario público en uso de sus funciones.

El tipo penal del “negador” configuraría un delito de tipo doloso activo, por el cual toda declaración que busque minimizar o negar la dictadura precedente, sería de fácil verificación por las autoridades públicas, teniendo incluso la posibilidad de la prisión efectiva al sobrepasar el mínimo exigido por la ley de 3 años para delitos excarcelables. Un instituto penal que en manos de la presión que ejercen los organismos de Derechos Humanos, puede cambiar el escenario político actual suprimiendo la provocación que algunos funcionarios del oficialismo realizan en los escenarios de televisión.

[Copyright © Todos los Derechos Reservados. Licencia bajo CC BY-ND-SA]

 

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