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Dilma Rousseff destituida

Nicolás Maduro, el siguiente

14 de mayo de 2016

Brasil: una democracia tambaleante

Por Caren Camiscia

La mañana del 12 de mayo, Brasil y el mundo se encontraron con el resultado de una extenuante y larga sesión que duró casi 20 horas, en la que el Senado brasileño aprobó por 55 votos a favor y 22 en contra el proceso de destitución o impeachment contra Dilma Rouseff.

Este proceso no acaba hoy ni comenzó hace unos días, sino que a partir de ahora comienza una etapa que llevará a la suspensión del cargo a Rouseff durante 180 días, sumergiendo a Brasil en un momento de inestabilidad que dejará una clara huella, tanto en su historia democrática y política, como en la del resto de los países suramericanos.

La presidenta Dilma Roussef fue acusada de haber cometido delitos de responsabilidad, los cuales están descriptos en el artículo 85 de la Constitución de Brasil. Allí se da cuenta del proceder de la figura jurídica del “impeachment”. En este sentido, a la mandataria se la acusa de haber “maquillado” o “dibujado” las cuentas públicas con un supuesto ocultamiento de las estadísticas en relación al déficit fiscal.

Desde el PT -Partido de los Trabajadores- se ha sostenido incansablemente que aquello es un accionar llevado adelante por todos los presidentes desde el regreso a la democracia, de hecho, en su defensa, Rouseff sostuvo: “No era crimen entonces y no lo es ahora”.

Esta figura del impeachment no ha sido con frecuencia discutida en América Latina, ya que se ha implementado en pocas situaciones. Sin embargo, Brasil ya ha vivido un escenario como este hace casi 25 años, cuando el actual senador Fernando Collor de Mello -que cabe aclarar, votó a favor del juicio contra Rousseff- fue acusado de corrupción y asociación ilícita comprobada y llevado a juicio político durante su mandato como presidente. Sin embargo, a unos pocos minutos de comenzar el proceso en el Senado, Collor renunció a su cargo de presidente a fin de trabar y evitar la vehiculización del juicio. Más allá de este intento en aquel entonces, se decidió continuar resolviendo el Senado privarle de ejercer cargos durante 8 años.

Esto nos demuestra que si bien como parte del andamiaje de la república existe el juicio político, en algunos casos cuenta con legitimidad y legalidad y en otros no.

Hoy se están forzando ambas cosas, ya que una gran parte de la sociedad civil brasilera no ha apoyado la destitución de Dilma y el hecho del que se la acusa no es atribuible para este tipo de crimen ya que es algo de que se acusa, como mencionábamos a priori, a todos los presidentes de Brasil, el “dibujar” las cuentas para que cierre el presupuesto de cada año. Como ello no amerita un juicio político, podría afirmarse que se habría forzado un mecanismo legal gestando un golpe a la democracia brasileña.

La distorsión del orden democrático en este país genera un antecedente negativo para la región, así como también agudizará la crisis económica que está sufriendo Brasil. Lejos ha quedado ahora, el proyecto de sentarse en el banquillo de las potencias mundiales, ya ni se habla de los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- ni de profundizar la cooperación suramericana. Un nuevo proceso está comenzado y atrás ha quedado aquel “giro a la izquierda” regional.

[Sin Cerco]

 

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