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La era anti-élites

16 de septiembre de 2016

Brasil: modelos de desarrollo y cambio estructural

Por Pablo Piacenza

“Quizás cuenta la historia con las mismas palabras, porque las sabe de memoria y ha olvidado los hechos”, decía Borges en su poema titulado Andrés Armoa[1]. No se sostiene que los hechos no importen o que las palabras se ubiquen por encima, pero la reversión del proceso democrático-constitucional brasileño merece ser retratada y desenmascarada porque el juicio político es algo más que un hecho de gravedad institucional, implica también un cambio rotundo -digamos- que diametralmente opuesto al modelo político, económico y social antecesor. Es aquí donde la historia se nos arroja: la alternancia entre gobiernos nacionales y populares (progresistas o populistas), y gobiernos elitistas o conservadores que se produce en América Latina desde mediados del pasado siglo, puede ser contada con las mismas palabras y olvidando los hechos. Quizá porque el producto de cada tipo de régimen se refleje experiencia tras experiencia. Eso sí, siempre hay algo de novedoso y de particular. Lo social es así.

Los países latinoamericanos se acoplaron a la economía mundial en el siglo XIX como proveedores de materias primas, es decir, con modelos de desarrollo basados en los recursos naturales. Por otro lado, las incipientes experiencias industriales se produjeron en momentos de llamado “desacople”,[2] particularmente durante la segunda guerra mundial, debido a que se cerraron los mercados europeos y estadounidense. Aquél modelo agroexportador y elitista, sedimentó sus bases materiales de poder y se edificó sobre una determinada estructura de clases sociales que concentraba la propiedad de los recursos (tierra, las finanzas y la logística de comercialización). Se caracterizaba -a grandes rasgos- por su confianza en las virtudes del mercado, la apertura incondicional al orden mundial y la prescindencia en la distribución del ingreso.[3] En términos internacionales, aceptaba acríticamente el lugar que Europa y EEUU le asignaban a la región, como proveedoras de materias primas y -en nuestros días- como proveedoras de manufacturas de origen agrario.[4]

Nuestra región “naturalizó” el ejercicio de la dominación, las élites locales se arrogaron un derecho eterno a ejercer su poder porque era “normal” que así fuera. Se instituyeron símbolos y el imaginario colectivo sobre qué tipo de Estado y de democracia se debía establecer. En otras palabras, se fijaron el significado de las instituciones sociales, sellando un sentido común que hegemonizó el orden social.[5] En el fondo, siempre estuvo latente aquella afirmación platónica de que la gestión de los asuntos comunitarios le correspondiera a un poder administrativo cuya fuente de legitimidad es un apropiado conocimiento de lo que es la “buena comunidad”, lo cual trasunta en una división del trabajo social de la política: unos nacieron para gobernar y otros para obedecer.

Desde la perspectiva de la armonía agroexportadora, el gran problema fue que durante las experiencias de “desacople”, las estructuras productivas se diversificaron en mayor o menor grado, diversificando también la estructura de clases asociada. Los nuevos sujetos políticos (el sector obrero y la pequeña y mediana burguesía industrial) desafiaron ese orden que se creyó “natural” junto con el sentido común que lo acompañaba. El llamado modelo nacional y popular, a diferencia del anterior, se caracterizó por el protagonismo del Estado, el impulso soberanista, el favoritismo por el sector industrial y el énfasis en la inclusión social.[6] Entiendió que el desarrollo es inseparable de la independencia económica y por añadidura sostuvo una inserción internacional más diversificada e independiente, articulando vínculos y estrategias internacionales con actores no tradicionales.

Se abrieron así dimensiones políticas del “no retorno”. Mientras las nuevas clases emergentes no estaban dispuestas a resignar sus reivindicaciones y desaparecer, las viejas oligarquías se sumergían en la añoranza[7] de un pasado remoto, donde anidan ilusiones primermundistas, con una minoría intensa que promueve la exclusión de amplios sectores de la población. Desde ese momento, que podemos situar a mediados de siglo XX, los escenarios nacionales latinoamericanos se debatieron entre éstos dos modelos. Claro está, que cada escenario nacional presentó sus particularidades. Esta oscilación se hizo más homogénea y sincrónica a nivel regional a partir de la re-democratización del continente en los 80’s y se profundizó en las décadas posteriores. En particular, la década de los 90’s con un neoliberalismo replicado por cada unidad estatal y -luego- con el denominado “giro a la izquierda” de comienzos de siglo XXI que reprodujo nuevamente el modelo nacional y popular.

Desde la perspectiva de la armonía agroexportadora, el gran problema fue que durante las experiencias de “desacople”, las estructuras productivas se diversificaron en mayor o menor grado, diversificando también la estructura de clases asociada.

La imposibilidad de que un modelo se imponga definitivamente sobre el otro, aborta cualquier intento por implementar políticas de Estado y agrieta las soluciones a todo tipo de problemas. La inexistencia del consenso es subsidiaria de una división más profunda que se aloja en inequidades históricas y de modelos mutuamente excluyentes. No es casual que a uno le resulte que en América Latina estamos siempre en el mismo lugar, que no avanzamos. No hay dialéctica al estilo marxista, no hay superación. En todo caso se da un empate, un empate hegemónico.

En Brasil, las cosas son más escandalosos aún. Fruto de una historia particular, único país de la región con pasado imperial y con transiciones anestesiadas, el dato aleccionador es que los gobiernos -a excepción de los interregnos progresistas- siempre fueron fruto de pactos entre elites.  No hay nada de accidental en las primeras medidas del flamante presidente Michel Temer. La tercerización laboral, la asunción de límites fiscales a la usanza europea, la revisión de los planes sociales cada año “según criterios de costo y beneficio”, la elevación de la edad jubilatoria, el “rigor fiscal”, la mayor participación del sector privado en la construcción y operación de infraestructura,[8] sin ningún temor a dejar un tendal de víctimas sociales que habían logrado visibilidad política e inserción social en el gobierno anterior, lo que obedece a un plan económico y político coherente.

La imposibilidad de que un modelo se imponga definitivamente sobre el otro, aborta cualquier intento por implementar políticas de Estado y agrieta las soluciones a todo tipo de problemas. La inexistencia del consenso es subsidiaria de una división más profunda que se aloja en inequidades históricas y de modelos mutuamente excluyentes.

Esto es política, metonímicamente, el ejercicio por el cual una minoría impone su dominación y totaliza sus intereses. Por ello es importante recordar que no se trata de cuestiones técnicas, es decir, de quién administra mejor, sino de elegir entre opciones excluyentemente opuestas.

El retroceso no es meramente incidental, es estructural. El ciclo político pedaleó de nuevo y quedó apostado sobre el rincón menos conveniente para las mayorías.

[1] BORGES, Jorge Luis, “La cifra”, Emecé, Buenos Aires, 1981.

[2] SCALETTA, Claudio, “Todavía sin un modelo de desarrollo”, Editorial Le Monde Diplomatique, Nº 205, Buenos Aires, julio, 2016, pp 7.

[3] FERRER, Aldo, “El regreso del neoliberalismo”, Editorial Le Monde Diplomatique, Nº 201, Buenos Aires, marzo, 2016, pp 4.

[4] SCALETTA, Claudio (julio, 2016), Op. Cit., pp 7.

[5] Véase: MOUFFE, Chantal, “Agonística: pensar el mundo políticamente”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2014. Véase también: LACLAU, Ernesto, “La razón populista”, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005.

[6] FERRER, Aldo, (marzo, 2016), Op. Cit., pp 4.

[7] SCALETTA, Claudio, (julio, 2016), Op. Cit., pp 7.

[8] GRANOVSKY, Martín, “Golpe contra Sudamérica”, Página 12, 1 de septiembre de 2016.

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